El Molvilh capacitó a 165 funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en la Corte de Apelaciones de San Miguel, además de universidades, institutos y organismos del Estado. Una señal concreta de que la justicia también puede aprender.
Que un tribunal abra sus puertas para hablar de diversidad sexual y de género no es algo que ocurra todos los días. Pero ocurrió, y fue el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) quien estuvo al otro lado de la sala, frente a jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial. La actividad se realizó en la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el marco del encuentro “Promoción de DD.HH. y No discriminación en espacios públicos y servicio judicial a personas LGBTIQ+”, organizado por la ministra subrogante del tribunal, María Alejandra Rojas, y la jueza Celia Catalán Romero.
La instancia reunió a 165 personas que trabajan en el sistema judicial. Durante la jornada se abordaron conceptos clave sobre diversidad sexual y de género, las formas en que se expresa la discriminación en la práctica, las normativas nacionales que protegen a las personas LGBTI+, los instrumentos internacionales que Chile debe cumplir en materia antidiscriminatoria y la jurisprudencia local disponible. No fue una charla decorativa: fue formación concreta, con contenido y con debate.
Lo que dijeron quienes estuvieron ahí
La jueza Catalán Romero fue directa al hablar del valor de este tipo de espacios. Señaló que la interacción entre tribunales y organizaciones de la sociedad civil es fundamental porque permite que ambas partes se conozcan, entiendan sus motivaciones y trabajen juntas para garantizar que ninguna persona sea discriminada por su género, religión, orientación sexual u otras causas. “Los tribunales sí estamos pendientes, presentes y estudiando”, afirmó, dejando en claro que esto no fue un acto simbólico sino parte de un proceso de formación continua.
Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, valoró que el Poder Judicial dé esta señal. Destacó que la apertura de la Corte de Apelaciones de San Miguel al debate sobre derechos LGBTI+ “es una poderosa señal de un importante poder del Estado para enfrentar y prevenir la discriminación”. No es menor: cuando la justicia se forma en estos temas, las personas LGBTI+ que alguna vez lleguen ante un tribunal tienen más garantías de ser tratadas con dignidad y conforme a la ley.
“Yo creo que la interrelación es muy importante porque permite que se conozcan las diversas motivaciones que tienen tanto los tribunales como este tipo de organizaciones que están destinadas precisamente a garantizar los derechos y que no sean discriminadas las personas por su género, por su religión, por su sexo.”
— Jueza Celia Catalán Romero, Corte de Apelaciones de San Miguel.
Un mes de trabajo intenso: universidades, institutos y más
La actividad en el Poder Judicial fue la más destacada del mes, pero no fue la única. Durante mayo, el Movilh también capacitó a estudiantes y docentes de la Universidad de Richmond de Estados Unidos, a alumnos y alumnas del Instituto Profesional AIEP y del Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP, en este último caso en el marco de su Feria de Bienestar Estudiantil. También se impartieron charlas a trabajadores y trabajadoras de la Fundación Honra, del Programa de Protección Especializado PMR Rancagua 1, del Programa de Familia de Acogida Especializada de Pedro Aguirre Cerda, y del Departamento de Programas y Proyectos de Vialidad Urbana del Ministerio de Obras Públicas.
La lista es larga y variada: sector público, privado, educación superior, programas sociales. Lo que tienen en común es que todos y todas sus participantes salieron de esas jornadas con herramientas concretas para tratar mejor a las personas LGBTI+ que atiendan, estudien con ellas o trabajen a su lado. Ese es exactamente el tipo de cambio que no sale en los titulares grandes, pero que se siente en lo cotidiano.
Más de tres décadas capacitando a Chile
El Movilh lleva desde 1991 impartiendo charlas de capacitación en derechos y realidad LGBTI+. Eso lo convierte en la organización chilena con más trayectoria y experiencia en este ámbito. No es un dato menor: años de trabajo acumulado, metodologías afinadas, conocimiento profundo del contexto legal y social chileno. Esa historia es la que respalda cada charla que dan hoy.
A lo largo de ese tiempo han capacitado a más de 200 mil personas y a más de 450 instituciones en todo el país. Carabineros, hospitales, municipios, colegios, gendarmes, empresas, universidades y ahora también tribunales. La apuesta del Movilh es clara: la discriminación no se erradica solo con leyes. También se erradica cuando las personas que aplican esas leyes —y las que conviven con la comunidad en su trabajo diario— entienden qué está en juego.
“El Poder Judicial, a través de la Corte de Apelaciones de San Miguel, abre sus puertas para el debate y para ampliar el conocimiento sobre los derechos LGBTIQ+. Es una poderosa señal de un importante poder del Estado para enfrentar y prevenir la discriminación.”
— Rolando Jiménez, dirigente del Movilh.
En la agenda política y diplomática
En paralelo a las capacitaciones, el Movilh mantuvo una intensa agenda institucional durante el mismo período. Se reunió con la Subsecretaria General de la Presidencia y con el Subsecretario de la Cultura y de las Artes, Carlos Lobos Mosqueira. También participó en el Encuentro de Socialización de la Ordenanza de Inclusión y No Discriminación de la Municipalidad de Ñuñoa, actividad que contó con la presencia del alcalde Sebastián Sichel.
En el plano diplomático, el movimiento participó en la celebración del Día de Europa en el Cerro San Cristóbal, a invitación de la Embajadora de la Unión Europea, Claudia Gintersdorfer. También estuvo presente en la Noche bajo las Auroras Boreales organizada por la Embajada de Noruega y en una Mesa Redonda sobre las Marchas del Orgullo convocada por la Embajada del Reino de los Países Bajos. La comunidad LGBTI+ chilena tiene voz en los espacios donde se toman decisiones, y el Movilh es parte de esa voz.
¿Por qué esto importa para nosotros y nosotras?
Puede sonar a noticia institucional, de esas que uno lee rápido y sigue scrolleando. Pero hay algo que vale la pena detenerse a pensar: ¿cuántas veces una persona gay, lesbiana, bisexual o trans ha tenido que enfrentar al sistema judicial o a alguna institución pública y ha sentido que del otro lado no entienden nada, o peor, que hay prejuicio abierto? La capacitación no es un lujo ni un trámite burocrático. Es la diferencia entre una persona LGBTI+ que recibe atención digna y una que sale humillada de una ventanilla.
Que el Poder Judicial se forme no garantiza que todo cambie de un día para otro. Pero es una señal de que algo se mueve. Y cuando esa señal la da una institución tan central para la vida de las personas como los tribunales, vale la pena reconocerlo y celebrarlo. La justicia también aprende, y eso nos beneficia a todos y a todas.