Un estudio de Ipsos y Fundación Iguales mide el pulso de la sociedad chilena frente a los derechos LGBTI+: más apoyo ciudadano, pero también más odio en redes y un gobierno que no convence.
Justo cuando el mundo viste de arcoíris sus perfiles de redes sociales y las calles de Santiago se llenan de banderas, Ipsos Chile y Fundación Iguales publicaron el informe N°51 de Claves Ipsos, una encuesta aplicada entre el 5 y el 8 de junio de 2026 a 1.000 personas de todo el país. Los resultados son un retrato sin filtros de dónde estamos como sociedad: hay avances reales, hay retrocesos preocupantes y hay una ciudadanía que, en su mayoría, quiere más protección legal para la comunidad LGBTI+. Leer estos datos no es solo un ejercicio académico; es entender el terreno que pisamos cada vez que salimos del clóset, cada vez que nos tomamos de la mano en la calle, cada vez que existimos.
El odio en redes no es una percepción: los números lo confirman
La señal más alarmante del estudio llega desde las pantallas. Un 31% de las personas encuestadas declaró que los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ han aumentado en redes sociales durante el último año. Puede sonar a una cifra más, pero no lo es: en mayo de 2025 ese porcentaje era de un 22%, lo que significa un alza de nueve puntos porcentuales en apenas doce meses. Y el fenómeno no se queda en lo virtual: un 17% indicó que en su entorno inmediato, ya sea el trabajo, el lugar de estudios o su círculo cercano, el trato hacia personas LGBTIQ+ se ha vuelto más negativo. Eso también subió cuatro puntos respecto al año anterior. Quienes decimos que el ambiente se siente más hostil no estamos exagerando ni siendo paranoicos y paranoicas: la data nos respalda.
Mayoría ciudadana pide una ley contra el odio
Y sin embargo, en ese mismo Chile donde el odio crece en redes, seis de cada diez personas apoyan la existencia de una ley que sancione los discursos de odio por orientación sexual o identidad de género. El 58% se manifestó a favor de esa legislación, mientras que apenas un 20% se opone. Ese número subió cuatro puntos desde 2025. Lo más significativo es que el apoyo trasciende el género, la edad, la zona geográfica y el nivel socioeconómico: hasta quienes se identifican con la centroderecha llegan a un 46% de acuerdo con esta medida. La ciudadanía ya tomó su posición. La pregunta es si el Congreso y el gobierno tomarán nota.
Porque en ese punto, la encuesta es contundente y no muy halagadora para la administración actual: solo un 30% cree que el gobierno chileno está haciendo lo suficiente para proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. Un 43% opina que no es así, y un 27% simplemente no sabe. En un contexto en que el odio aumenta y la ciudadanía pide más herramientas legales, esa brecha entre lo que se espera del Estado y lo que el Estado entrega es una deuda que no puede seguir postergándose.
“Solo un 30% cree que el gobierno chileno está haciendo lo suficiente para apoyar y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.” — Informe Claves Ipsos N°51, Fundación Iguales, junio 2026.
Escuela, salud y trabajo: ¿dónde estamos realmente?
El estudio también radiografía tres espacios donde la comunidad LGBTI+ se juega su bienestar cotidiano. En educación, los resultados son esperanzadores: un 77% de los y las encuestadas está de acuerdo con que colegios públicos y privados tengan protocolos contra el acoso y la discriminación hacia estudiantes LGBTIQ+. Un 69% apoya orientaciones de salud mental específicas para esos estudiantes y un 58% es favorable a la educación sexual integral con enfoque de diversidad. Son porcentajes que deberían hacer reflexionar a quienes se oponen a estas medidas en el debate público, porque no representan a una minoría ideologizada: son la mayoría de los y las chilenas.
En salud, el panorama es más mixto. Mientras un 52% rechaza que los profesionales de la salud puedan negarse a atender a personas LGBTIQ+ por razones religiosas o de conciencia, solo un 30% cree que el sistema de salud está preparado para atender las necesidades de la comunidad, y apenas un 32% considera que los médicos y médicas reciben formación adecuada para atender a personas trans. Dicho de otro modo: la ciudadanía no quiere objeción de conciencia, pero sabe que el sistema está lejos de ser inclusivo. Ese reconocimiento honesto es un primer paso, aunque duela verlo escrito en blanco y negro.
En el mundo laboral, la imagen es más positiva. Un 60% considera que los lugares de trabajo son hoy más inclusivos que hace cinco años, y un 66% de quienes trabajan señaló que apoyaría públicamente y reportaría a un superior si una persona LGBTIQ+ fuera tratada de forma injusta. Eso es alentador. También lo es que el espacio donde las personas LGBTIQ+ reportan menor discriminación es, precisamente, el lugar de trabajo, con solo un 12% de nivel alto de discriminación. No es perfecto, pero es mejor de lo que a veces se asume.
Donde más duele: iglesia y colegio, los espacios más hostiles
Del 5% de encuestados y encuestadas que se identificó como parte de la comunidad LGBTIQ+, sus respuestas sobre discriminación vivida son reveladoras. Las instituciones religiosas encabezan la lista con un 61% de alto nivel de discriminación, seguidas por la educación básica y media con un 45%. El transporte público llega al 39% y la vía pública al 34%. Estos números no son solo estadísticas: son cicatrices. Son los años de adolescencia donde muchos y muchas de nosotros y nosotras aprendimos que el mundo no nos quería tal como éramos. Que eso siga ocurriendo en 2026, mientras los colegios debaten si implementar protocolos de inclusión, es una urgencia que no puede esperar más comisiones ni más postergaciones parlamentarias.
“El 63% de los y las encuestadas indica que las declaraciones y opiniones de las autoridades políticas son importantes, ya sea para controlar o para aumentar la violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+.” — Informe Claves Ipsos N°51, Fundación Iguales, junio 2026.
En TikTok somos visibles; en Twitter, somos blanco
El estudio también preguntó por la imagen de las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación y redes sociales. Un 31% la percibe como positiva, un 49% como neutra y un 15% como negativa. La distinción por plataforma, sin embargo, es notable: TikTok (38%) y los matinales de televisión (37%) son los espacios donde se percibe una imagen más favorable de la comunidad. En el otro extremo, Twitter con un 24% y Facebook con un 20% concentran la imagen más negativa. En un momento en que la extrema derecha usa X como principal trinchera discursiva, estos datos importan. No es lo mismo visibilidad que representación, y no es lo mismo imagen positiva que protección real.
¿Y ahora qué?
El Informe de Ipsos no es solo una fotografía del momento: es un llamado a la acción. La ciudadanía chilena, en su mayoría, quiere una ley contra los discursos de odio, quiere protocolos en los colegios, rechaza la objeción de conciencia en salud y está dispuesta a defender a sus colegas LGBTIQ+ en el trabajo. Ese respaldo existe. Lo que falta es que el mundo político lo traduzca en leyes, en políticas públicas y en recursos concretos. Mientras tanto, nosotros y nosotras seguimos marchando, visibilizándonos y construyendo comunidad, con o sin la velocidad que quisiéramos ver en el aparato del Estado.
