Fundación Todo Mejora fija el foco en lo importante: tener una ley no basta si la escuela sigue siendo un lugar donde muchos niños y niñas gay, trans y queer no se sienten bienvenidos.
Chile tiene una nueva ley. La Ley de Convivencia Escolar acaba de entrar en vigencia y, con ella, vienen nuevas obligaciones para los establecimientos educativos: una Política Nacional de Convivencia Educativa, coordinadores exclusivos de convivencia, protocolos actualizados y estrategias preventivas. Suena bien. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, y la comunidad LGBTIQA+ sabe perfectamente que una ley escrita no siempre llega al patio de la escuela.
Pablo Martínez, Coordinador de Proyectos Educativos de Fundación Todo Mejora, publicó un post en su blog donde analiza la nueva normativa con una mirada lúcida y necesaria: la convivencia escolar no se construye solo con reglamentos. Se construye con comunidad, participación y el compromiso real de hacer de las escuelas espacios donde todas las personas se sientan parte.
El contexto: violencia escolar y urgencia de ordenar las aulas
La nueva legislación llega en un momento de alta preocupación social. Los debates sobre seguridad en los espacios educativos son una constante en los medios y en las conversaciones de apoderados y apoderadas. Hay una sensación generalizada de que las escuelas necesitan más orden, más control, más disciplina. Y en ese clima, es fácil que la ley sea leída solo desde el prisma de la sanción y la norma.
Pero Martínez recuerda algo fundamental: Chile ya tenía la Ley 20.536 sobre violencia escolar, que define la convivencia como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa”. Ese marco ya existía. El problema no ha sido la ausencia de leyes, sino la brecha enorme entre lo que dice el papel y lo que vive el estudiantado en el día a día.
¿Qué trae de nuevo la ley?
La nueva Ley de Convivencia Escolar apunta a cerrar esa brecha. Fortalece el rol del Estado en materias educativas, crea el cargo de coordinador o coordinadora de convivencia con dedicación exclusiva (algo que antes era apenas una función extra en la agenda apretada de algún docente), exige planes de gestión y protocolos más robustos, y apuesta por una estrategia preventiva antes que reactiva.
Todo eso es una buena noticia. Sin embargo, Martínez es claro en su análisis: la ley no opera sola. Las normas permiten prevenir la violencia, sí, pero construir comunidades donde las personas se sientan parte requiere algo más que un protocolo bien redactado. Requiere una implementación que fortalezca los vínculos, la participación y la corresponsabilidad de todos los actores: estudiantes, docentes, asistentes de educación, directivos y familias.
El desafío real: ¿a quién le llega el beneficio?
Aquí es donde el análisis se vuelve especialmente importante para nuestra comunidad. Martínez señala que el éxito de la ley dependerá de si se implementa desde una visión que promueva comunidades educativas más participativas, inclusivas y respetuosas, y no simplemente como un nuevo conjunto de obligaciones burocráticas.
Y pone el foco donde hay que ponerlo: en quienes históricamente han vivido mayor exclusión dentro del sistema escolar. El estudiantado LGBTIQA+ no necesita que le expliquen lo que significa ir a una escuela donde no te sientes cuidado, donde tu identidad es ignorada en el mejor de los casos y hostigada en el peor. Las cifras que maneja la propia Fundación Todo Mejora son elocuentes: jóvenes gay, lesbianas y trans en Chile reportan niveles alarmantes de violencia y problemas de salud mental vinculados directamente a sus experiencias en los espacios educativos.
“El desafío es construir espacios donde todas las personas puedan aprender y sentir que pertenecen. Esa es una conversación que, como país, aún tenemos pendiente.” — Pablo Martínez, Coordinador de Proyectos Educativos, Fundación Todo Mejora.
El legado de José Matías y la memoria que nos obliga
El artículo cita el legado de José Matías, nombre que en el contexto de la lucha por los derechos de los y las jóvenes LGBTIQA+ en Chile evoca la tragedia que ocurre cuando las instituciones fallan a sus estudiantes más vulnerables. Esa mención no es casual ni decorativa: es un recordatorio de que estas discusiones legislativas tienen consecuencias concretas en vidas reales, y que el fracaso en implementar bien una ley puede costar caro.
Las transformaciones que Chile necesita en sus escuelas requieren, como señala Martínez, una implementación con convicción. No basta con que los directivos firmen el nuevo protocolo y lo archiven. La ley debe llegar al aula, al recreo, a la relación entre pares y entre estudiantes y adultos. Debe generar escuelas afirmativas, donde los y las estudiantes LGBTIQA+ no solo estén físicamente presentes sino que se sientan bienvenidos, seguros y reconocidos.
¿Y ahora qué?
Que la ley esté en vigor es un punto de partida. El verdadero trabajo comienza ahora, en la implementación. Las organizaciones de la sociedad civil como Fundación Todo Mejora seguirán siendo fundamentales para monitorear si los cambios realmente ocurren en el piso de los establecimientos, o si la nueva normativa queda engavetada junto con las anteriores.
Para las familias con hijos o hijas LGBTIQA+, para los y las estudiantes que hoy enfrentan ambientes hostiles, y para los docentes y directivos que quieren hacer bien su trabajo, esta ley puede ser una herramienta poderosa. Pero solo si se usa con la convicción de que todas las personas que entran a una escuela merecen sentir que pertenecen ahí. Eso, como país, aún lo tenemos pendiente.