Paulina Núñez se comprometió ante organizaciones LGBTI+ a ser “un puente con el Ejecutivo” para modernizar la principal ley antidiscriminación de Chile, que lleva años estancada y con serias limitaciones para proteger a la comunidad.
El lunes 26 de mayo de 2026, la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia (RN), se reunió con las organizaciones que integran el “Consejo por el Orgullo” —un espacio que reúne a Acción Gay, Iguales, OTD y Movilh— para conversar sobre la agenda legislativa en materia de diversidades sexuales y de género. El resultado de ese encuentro no fue un simple apretón de manos protocolar: Núñez salió de la reunión con compromisos concretos sobre la mesa, y el más importante es su disposición a empujar la largamente esperada reforma a la Ley Zamudio.
Para los y las que no siguen de cerca el trabajo legislativo —y es completamente comprensible, porque puede ser agotador— hay que decir que este es uno de esos momentos en que vale la pena poner atención. La Ley Zamudio, promulgada en 2012 como la primera ley antidiscriminación de Chile, cumplirá pronto 14 años de vigencia. Y en todo ese tiempo, ha demostrado ser, en palabras del dirigente del Movilh Rolando Jiménez, “un león sin dientes”. Suena fuerte, pero es una descripción honesta de lo que ha significado para quienes han intentado usarla para buscar justicia.
¿Qué tiene de malo la Ley Zamudio actual?
Desde su aprobación, la Ley Zamudio ha enfrentado críticas consistentes desde el activismo LGBTI+ y el mundo jurídico. El problema central es que su redacción actual hace casi imposible demostrar en tribunales que un acto fue discriminatorio. La carga probatoria recae en la víctima, que debe acreditar no solo que fue tratada de manera diferente, sino que esa diferencia de trato tuvo como causa directa y explícita su orientación sexual, identidad de género, u otra característica protegida por la ley. En la práctica, eso equivale a pedirle al agresor que firme una confesión antes de actuar.
A eso se suma otro vacío fundamental: la ley no contempla indemnización para las víctimas. Es decir, aunque alguien logre demostrar que fue discriminado o discriminada —superando todos los obstáculos procesales del caso—, la ley no le garantiza ninguna reparación económica por el daño sufrido. Esto es especialmente grave cuando hablamos de situaciones como despidos laborales, negación de servicios o agresiones que tienen consecuencias materiales concretas para las personas afectadas. Desde las organizaciones LGBTI+, llevan años denunciando que esto convierte a la Ley Zamudio en una herramienta de escasa utilidad práctica para quienes más la necesitan.
“Me quedo con el compromiso de ser un puente con el Ejecutivo para avanzar en una buena modificación de la Ley Zamudio y en la urgente modernización que esta legislación necesita, recogiendo las distintas miradas y experiencias que hoy nos plantean las organizaciones y comunidades.” — Senadora Paulina Núñez Urrutia, presidenta del Senado.
El proyecto lleva más de un año trabado
Lo que frustra a los y las activistas y abogadas que trabajan en derechos LGBTI+ no es solo que la ley tenga problemas: es que existe un proyecto de reforma en el Congreso y está estancado desde hace más de un año en Comisión Mixta. Según informó la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, esa demora ha tenido consecuencias reales: agresiones discriminatorias que quedan impunes o que alcanzan “justicia a medias”, porque el marco legal no alcanza para hacer justicia de verdad. Cada mes que pasa sin que la reforma avance es un mes más en que personas de la comunidad quedan sin protección efectiva.
Que la presidenta del Senado —que además es de un partido de derecha, Renovación Nacional— se haya reunido con el Consejo por el Orgullo y haya salido con compromisos explícitos no es un dato menor. Núñez señaló que buscará ser “un puente con el Ejecutivo” para avanzar en la modificación de la ley, y que se llevó de la reunión una comprensión más profunda de las distintas miradas y experiencias de las organizaciones. Por supuesto, las promesas de los y las políticas hay que seguirlas de cerca, no solo aplaudirlas. Pero es una señal que vale la pena registrar.
Discursos de odio y educación sexual: los otros temas del encuentro
La reforma a la Ley Zamudio no fue el único punto en la agenda de la reunión. Según informó el Movilh, también se exploró la posibilidad de que la reforma incorpore sanciones específicas contra los discursos de odio —algo que Chile todavía no regula de manera efectiva—, y la senadora se mostró disponible a monitorear el avance de proyectos relacionados con una Ley de Educación Sexual Integral. Este último punto es especialmente relevante considerando que la educación sexual en Chile sigue siendo un campo desigual y muchas veces hostil para los y las jóvenes LGBTI+, que crecen en entornos donde su existencia simplemente no aparece en los currículos escolares.
Otro tema abordado fue el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Ley de Identidad de Género en el presupuesto nacional. Este programa es clave para que la ley, aprobada en 2018, tenga una implementación real y no solo exista en el papel. Núñez se comprometió a darle seguimiento a este tema, lo que es relevante dado que la discusión presupuestaria es uno de los momentos donde los avances en derechos LGBTI+ suelen quedar rezagados si no hay voces que los defiendan activamente en el Congreso.
“La Ley Zamudio presenta graves problemas y vacíos que obstaculizan su efectividad. Se ha convertido, desde su aprobación, en un león sin dientes, pues no indemniza a las víctimas y su redacción actual vuelve casi imposible demostrar la discriminación.” — Rolando Jiménez, dirigente del Movilh.
¿Qué significa esto para nuestra comunidad?
Para los y las que vivimos en Chile como parte de la comunidad LGBTI+, la Ley Zamudio no es solo un texto jurídico abstracto: es la herramienta legal que debería protegernos cuando enfrentamos discriminación en el trabajo, en la salud, en los servicios públicos o en la vida cotidiana. Que esa herramienta lleve años funcionando mal no es una anécdota técnica; es una realidad que tiene consecuencias concretas en la vida de personas reales. Por eso, aunque el anuncio de la presidenta del Senado no es una victoria definitiva —el proyecto aún debe salir de Comisión Mixta, aprobarse en ambas cámaras y promulgarse—, sí es un paso que merece atención y seguimiento ciudadano.
Las organizaciones LGBTI+ que conforman el Consejo por el Orgullo han hecho su trabajo: pusieron los temas en la mesa, consiguieron una reunión con quien preside el Senado y lograron compromisos explícitos. Ahora viene la parte más lenta y menos vistosa: el seguimiento. Y ahí es donde todos y todas podemos contribuir: informándonos, preguntando, exigiendo rendición de cuentas a nuestros y nuestras representantes, y apoyando a las organizaciones que llevan décadas haciendo este trabajo muchas veces sin reconocimiento ni recursos suficientes.
“La senadora Núñez se comprometió a impulsar la reforma la Ley Zamudio, lo que es una buena noticia, pues este proyecto de ley se mantiene estancado desde el año anterior en Comisión Mixta.” — Javiera Zúñiga, vocera del Movilh.
La reforma a la Ley Zamudio no es el fin del camino, pero sí podría ser un avance significativo hacia una ley que realmente proteja a las personas LGBTI+ en Chile. Y eso, en este contexto, ya es algo que vale la pena cuidar.