En lo que va de 2026, tribunales rusos en siete regiones distintas declararon “extremistas” a nueve organizaciones que brindaban apoyo y visibilidad a la comunidad LGBTI+. Human Rights Watch llama a la acción internacional.
No es exageración ni alarmismo: es la sistematización de una persecución. Entre marzo y mayo de 2026, tribunales de siete regiones de Rusia prohibieron oficialmente a nueve organizaciones LGBTI+, declarándolas “extremistas” bajo una legislación que el gobierno ruso ha utilizado históricamente contra disidentes políticos, periodistas y minorías. Las organizaciones afectadas son Coming Out, el Centro de Recursos LGBT, Parni Plus, el Centro Comunitario de Moscú para Iniciativas LGBT+, Irida, la Red LGBT Rusa, el movimiento Kallisto, T9 NSK y el Centro T. Además, hay una demanda judicial en curso contra la Alianza de Personas Heterosexuales y LGBT por la Igualdad. Cada una de estas organizaciones cumplía un rol concreto: apoyo psicológico, recursos de salud, comunicación comunitaria, espacios de encuentro. Todas fueron señaladas como una amenaza al Estado.
Vale la pena detenerse un momento en lo que significa “declarar extremista” a una organización de derechos humanos en Rusia. No es una sanción administrativa, no es una multa. Implica que cualquier persona que haya tenido vínculos con esos grupos puede enfrentar cargos penales. Es decir: asistir a una reunión, compartir contenido en redes sociales, donar dinero o simplemente ser parte de una lista de contactos puede convertirse en una causa judicial. La represión no apunta solo a las organizaciones, sino a cada persona que alguna vez buscó apoyo en ellas.
Human Rights Watch advierte: la criminalización se intensifica
La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch fue una de las primeras en documentar y denunciar esta nueva ola de prohibiciones. Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de la organización, señaló que las autoridades rusas están “intensificando la criminalización de quienes brindan apoyo crítico a las personas LGBT que el propio Estado ha perseguido sistemáticamente”. En su comunicado oficial, Human Rights Watch exigió que se anulen todas las decisiones judiciales y condenas penales basadas en estos cargos de “extremismo” que, según la organización, carecen de fundamento legal real y son utilizados como herramienta de represión política.
Esta advertencia no surge de la nada. Hay un patrón claro y documentado. En 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró al “movimiento LGBT internacional” como una organización extremista y lo prohibió en todo el territorio nacional. Esa decisión fue sin precedentes en el mundo contemporáneo y sentó las bases legales para la persecución actual. Luego, en enero de 2026, Rusia añadió a la lista a ILGA World, la principal organización global de derechos LGBTI+ e intersex, declarándola “indeseable”. Ser ciudadano o ciudadana rusa y tener vínculos con ILGA World puede significar hasta seis años de prisión. No es retórica: es la letra de la ley.
¿Qué perdió la comunidad LGBTI+ rusa con estas prohibiciones?
Detrás de cada nombre de organización hay historias concretas. La Red LGBT Rusa, por ejemplo, fue durante años la principal red de asistencia para personas LGBTI+ que intentaban emigrar del país huyendo de la persecución. Brindaba refugio temporal, asesoría legal y conexiones con redes internacionales de acogida. Coming Out era uno de los referentes históricos del movimiento en San Petersburgo, con décadas de trabajo en visibilidad, educación y defensa legal. Parni Plus era un medio digital que cubría temas de salud, identidad y cultura para hombres gays y bisexuales. Cerrar estas organizaciones no solo silencia voces: destruye redes de protección que muchas personas necesitan para sobrevivir.
Lo que está ocurriendo en Rusia nos habla de algo más profundo que una política interna. Nos habla de cómo los Estados pueden utilizar el aparato legal para hacer desaparecer comunidades enteras de la vida pública, paso a paso, organización por organización. Primero fue la ley de “propaganda gay” en 2013, que prohibió cualquier contenido que “promoviera” relaciones no heterosexuales ante menores. Luego vino la decisión del Tribunal Supremo de 2023. Ahora, esta nueva ola de prohibiciones. El objetivo no es la seguridad nacional, sino la eliminación de toda infraestructura de apoyo, visibilidad y resistencia LGBTI+.
“Las autoridades rusas están intensificando la criminalización de quienes brindan apoyo crítico a las personas LGBT que el propio Estado ha perseguido sistemáticamente.”
— Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch (mayo de 2026)
La mirada desde Chile: solidaridad no es solo una palabra
Desde Chile, con todos nuestros debates pendientes, lo que ocurre en Rusia puede sentirse lejano. Pero no lo es. Los movimientos de derechos humanos son globales, y lo que se permite en un país establece precedentes que otros regímenes observan con atención. La comunidad LGBTI+ chilena conoce bien lo que significa pelear por derechos básicos, enfrentar la indiferencia del Estado y construir redes de apoyo desde cero. Esa experiencia compartida genera una responsabilidad de solidaridad que va más allá del tweet de coyuntura.
Organizaciones como la Red LGBT Rusa no funcionaban de forma aislada: formaban parte de redes internacionales de apoyo y muchas de sus contrapartes siguen activas en otros países. Si te interesa actuar de forma concreta, puedes informarte sobre el trabajo de ILGA World, que sigue operando desde el exterior pese a la prohibición rusa, o seguir los informes de Human Rights Watch sobre la situación en Rusia. La visibilidad también cuenta: nombrar lo que ocurre, compartirlo, no normalizarlo. Lo que se prohíbe no desaparece: se vuelve clandestino y más vulnerable. Y esa vulnerabilidad nos interpela a todos y a todas.
Cronología: cómo llegó Rusia hasta aquí
Para entender la magnitud de la situación actual, conviene repasar brevemente cómo se llegó a este punto. En 2013, Rusia aprobó la polémica ley de “propaganda gay”, que prohibía cualquier contenido que “promoviera relaciones sexuales no tradicionales” entre menores. La ley fue ampliamente criticada por organismos internacionales y desató una ola de violencia contra personas LGBTI+. En 2022, el alcance de esa ley se extendió para cubrir a todas las personas, sin importar la edad. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo declaró al “movimiento LGBT internacional” como extremista, sin definir con claridad qué organizaciones quedaban incluidas en esa categoría, lo que abrió la puerta a interpretaciones amplias y arbitrarias. En enero de 2026, ILGA World fue declarada “indeseable”. Y en el período marzo-mayo de 2026, nueve organizaciones más fueron prohibidas. No es una serie de eventos aislados: es una política sostenida y sistemática de eliminación.