La reciente decisión de la Corte Suprema ha encendido las alarmas en la comunidad LGBTI+ y en organizaciones de derechos humanos. Alejandro Angulo Tapia, uno de los cuatro condenados por el asesinato de Daniel Zamudio en 2012, podría cumplir los últimos dos años de su sentencia en libertad. Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal acogió un recurso de amparo presentado por su defensa, ordenando a Gendarmería revisar si cumple con los requisitos para acceder a una reducción de pena.
El caso que cambió Chile
Daniel Zamudio fue un joven gay de 24 años que fue brutalmente agredido en el Parque San Borja de Santiago la madrugada del 3 de marzo de 2012 por un grupo de cuatro hombres que le marcaron esvásticas en el cuerpo. Tras 25 días hospitalizado, falleció el 27 de marzo. El crimen impactó profundamente a la sociedad chilena y aceleró la aprobación de la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, que establece mecanismos contra la discriminación arbitraria, incluyendo por orientación sexual e identidad de género.
Los cuatro responsables recibieron condenas de entre 3 años y día y presidio perpetuo simple. Angulo Tapia fue condenado a una pena que en este contexto lo posiciona como uno de los que podría acceder antes a beneficios penitenciarios, a pesar de que en 2024 la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que presenta “alto riesgo” de reincidencia.
Por qué la Corte Suprema acogió el recurso
El fallo establece que, como el delito y el inicio de la condena ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.421, que endurece las condiciones para acceder a beneficios en delitos graves, se debe aplicar la normativa anterior. Esto abre la posibilidad de que Angulo Tapia obtenga hasta dos meses de rebaja por cada año cumplido en prisión.
El principio aplicado es el de la irretroactividad de la ley penal más gravosa: si una persona cometió un delito bajo una ley determinada, no se le puede aplicar retroactivamente una ley que endurezca su situación. Es un principio jurídico legítimo, pero su aplicación en este caso específico resulta profundamente dolorosa para quienes conocen la historia de Daniel Zamudio y lo que su muerte significó para el país.
La reacción de la comunidad y las organizaciones
El Movilh y otras organizaciones LGBTI+ expresaron su preocupación ante la posibilidad de que uno de los responsables del crimen que motivó la Ley Zamudio pueda salir anticipadamente de la cárcel. Para muchos y muchas en la comunidad, la sentencia original representaba no solo justicia para Zamudio, sino una señal de que Chile tomaba en serio los crímenes de odio.
El caso también pone en evidencia una tensión estructural del sistema penal chileno: las leyes que protegen derechos suelen llegar después de las tragedias que las motivaron, lo que significa que los perpetradores de esas tragedias quedan bajo marcos normativos anteriores. Es una paradoja difícil de resolver sin comprometer principios fundamentales del estado de derecho.
Lo que viene ahora
La decisión de la Corte Suprema no implica la libertad inmediata de Angulo Tapia, sino que instruye a Gendarmería a evaluar si cumple los requisitos para acceder al beneficio. Esa evaluación considera, entre otros factores, el comportamiento en prisión, los informes psicosociales y el nivel de riesgo de reincidencia. El resultado concreto dependerá de esa revisión.
La comunidad LGBTI+ y las organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca el proceso. La memoria de Daniel Zamudio no está en el pasado: está en cada ley que protege a una persona gay, bisexual o trans en Chile hoy.