El ejecutivo Germán Naranjo Maldini agredió verbalmente a un pasajero en un vuelo de LATAM. El Movilh exige al Gobierno de Chile que condene el episodio y rechace los discursos de odio más allá de las fronteras.
No siempre las noticias vergonzosas vienen de afuera. A veces hay que mirar adentro, y lo que aparece no es fácil de procesar. Esta semana, un video registrado a bordo de un vuelo de LATAM Airlines Brasil se viralizó en redes sociales mostrando a un hombre que lanza insultos homofóbicos y racistas contra otro pasajero. El hombre en cuestión es chileno: se trata de Germán Naranjo Maldini, ejecutivo de la empresa Landes, quien fue detenido el 15 de mayo en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, por la Policía Federal de Brasil.
Los hechos ocurrieron el 10 de mayo durante el vuelo LA8070 en la ruta São Paulo–Frankfurt. Según lo que muestra el video, Naranjo Maldini le habría dicho a otro pasajero frases que combinan homofobia y racismo de la forma más cruda: comentarios sobre la orientación sexual del hombre y referencias explícitamente racistas a su origen brasileño. El episodio quedó registrado, se difundió ampliamente, y terminó con la detención del agresor a su regreso a suelo brasileño.
El Movilh no se quedó callado
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reaccionó con dureza ante lo ocurrido. Su fundador, Rolando Jiménez, señaló que la organización conoció el video “con indignación”, calificando las expresiones de Naranjo Maldini como “un discurso abiertamente racista y homofóbico” que no solo daña a la víctima directa, sino que afecta la convivencia democrática y el respeto a la dignidad humana.
“Se trata de un discurso abiertamente racista y homofóbico, que no solo afecta a la víctima directa, sino que también daña la convivencia democrática y el respeto a la dignidad humana.” — Rolando Jiménez, fundador del Movilh.
Pero el Movilh fue más allá del repudio simbólico: exigió formalmente al Gobierno de Chile que se pronuncie públicamente sobre el caso. Y el argumento es sólido. Lo que hizo este ejecutivo chileno no ocurrió en un espacio privado ni en un contexto ambiguo: fue en un vuelo internacional, frente a testigos, y quedó registrado en video. La imagen que proyecta hacia afuera es la de un ciudadano chileno promoviendo discursos de odio en el extranjero, sin aparente inhibición ni conciencia de que eso tiene consecuencias.
“Chile no puede tolerar que ciudadanos chilenos promuevan discursos de odio dentro o fuera del país. La discriminación no es una opinión: es una vulneración a los derechos humanos”, señaló Jiménez. Una frase que merece ser repetida, porque resume algo que en Chile todavía cuesta instalar como consenso: discriminar no es una postura válida dentro del debate democrático. Es una agresión.
“Chile no puede tolerar que ciudadanos chilenos promuevan discursos de odio dentro o fuera del país. La discriminación no es una opinión: es una vulneración a los derechos humanos.” — Rolando Jiménez, Movilh.
¿Y la empresa? ¿Y la aerolínea?
Las reacciones institucionales también llegaron. LATAM Airlines Brasil informó que está colaborando activamente con la Policía Federal en la investigación y condenó cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia, ya sea a bordo de sus vuelos o en espacios vinculados a sus operaciones. Por su parte, la empresa Landes, donde trabaja el ejecutivo, emitió un comunicado en que condena “de manera categórica y sin matices” todo acto de discriminación, racismo u homofobia, calificando esas conductas como “absolutamente incompatibles” con sus valores y su política interna de no discriminación. La compañía además anunció que recopila antecedentes para tomar decisiones según sus protocolos y la normativa vigente.
Estas declaraciones son importantes, pero también hay que leerlas con ojo crítico: las empresas suelen reaccionar ante la presión pública y el daño reputacional. Lo que importa ahora es qué medidas concretas adopta Landes, y si el Gobierno de Chile recoge el guante que le lanzó el Movilh y emite una condena explícita. El silencio oficial frente a episodios como este tiene un costo: normaliza la violencia y le dice a la ciudadanía que el odio, mientras no cruce ciertos límites legales, puede circular sin consecuencias.
“Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su Política de No Discriminación.” — Comunicado de la empresa Landes.
Más allá del escándalo: lo que esto nos dice
Casos como este ponen en evidencia algo que los y las integrantes de la comunidad LGBTI+ sabemos muy bien: la homofobia y el racismo no se erradican con leyes solas. Se necesita cultura, educación y, también, consecuencias reales para quienes incurren en estas conductas. Un ejecutivo adulto, en un espacio público y de tránsito internacional, no debería sentir que puede insultar a otra persona por su orientación sexual o su origen étnico. El hecho de que ocurra —y de que haya ocurrido de forma tan desinhibida— habla de un problema que va más allá del individuo.
En Chile, la Ley Zamudio tipifica la discriminación arbitraria y establece mecanismos para denunciarla. Pero su aplicación sigue siendo desigual, y la conciencia ciudadana sobre sus alcances todavía es limitada. Lo que pasó en ese vuelo no es solo el descontrol de un sujeto: es el síntoma de una cultura en la que ciertos discursos de odio aún se perciben como aceptables en determinados contextos. Que haya un video, que exista indignación pública y que haya una detención, es alentador. Que haya sido necesario llegar hasta ahí para que hubiera consecuencias, no tanto.
La demanda del Movilh al Ejecutivo es clara: pronunciarse. No basta con que las instituciones privadas condenen el episodio. El Estado chileno tiene la responsabilidad de enviar una señal inequívoca de que los discursos de odio son inaceptables, independientemente de dónde ocurran y de quién los profiera. Una declaración oficial no resuelve el problema de fondo, pero contribuye a construir un estándar cultural que diga que esto no está bien, que tiene nombre —discriminación, odio, violencia verbal— y que tiene consecuencias.
La comunidad LGBTI+ chilena lleva décadas exigiendo exactamente eso: que el Estado sea un aliado activo, no un espectador silencioso. Este caso, aunque ocurrió en Brasil, nos interpela directamente. ¿Qué clase de país queremos ser? ¿Uno que exporta discursos de odio o uno que los condena con claridad? La respuesta debería ser obvia. Lamentablemente, no siempre lo es.