Este 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, llegó con un sabor amargo en Chile. Mientras en otros países se avanza con metas claras hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública, en nuestro país las organizaciones sociales denuncian un retroceso alarmante. Según Acción Gay, la gestión actual del Programa Nacional de VIH/SIDA y de CONASIDA ha sido “la peor desde el retorno a la democracia”, caracterizada por falta de voluntad política, precariedad técnica y total desconexión con las realidades de las personas afectadas.
La denuncia fue reforzada por la Fundación Chile Positivo: las SEREMIs de Salud no recibieron ni un peso de presupuesto para conmemorar el Día Mundial del VIH en 2025. Además, se registró una baja de al menos un 50% en los fondos para proyectos orientados a poblaciones clave. Todo esto mientras el Ministerio de Salud repetía en redes sociales su “compromiso con una respuesta integral al VIH”.
Qué son las poblaciones clave y por qué el recorte importa
Las poblaciones clave son los grupos con mayor exposición al VIH: hombres que tienen sexo con hombres, personas trans femeninas, trabajadoras sexuales, personas que usan drogas inyectables y personas privadas de libertad. En Chile, los hombres gay y bisexuales y las mujeres trans concentran la mayoría de los nuevos diagnósticos.
Los proyectos dirigidos a estas poblaciones hacen cosas concretas: entregan condones, ofrecen pruebas rápidas de VIH, orientan sobre PrEP, acompañan a personas que viven con el virus y construyen redes de confianza donde el sistema de salud formal no llega. Recortar esos fondos en un 50% no es un ajuste presupuestario neutro: es eliminar parte de la infraestructura de prevención que mantiene a la gente viva e informada.
El contraste con las metas internacionales
ONUSIDA estableció las metas 95-95-95 para 2025: que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, que el 95% de quienes lo conocen estén en tratamiento, y que el 95% de quienes están en tratamiento tengan carga viral indetectable. Chile no ha alcanzado esos objetivos, y el recorte de recursos para organizaciones comunitarias es el camino opuesto al que llevaría a alcanzarlos.
El VIH no desaparece por ignorarlo ni por reducir el presupuesto destinado a enfrentarlo. Cada nuevo diagnóstico que llega tarde, cada persona que no accede a PrEP, cada trabajadora sexual sin acceso a condones ni a pruebas, es un costo humano real que se paga después con más enfermedad y más gasto de salud.
Lo que las organizaciones exigen
Acción Gay, Chile Positivo y otras organizaciones que trabajan en VIH han exigido una reunión urgente con las autoridades del Ministerio de Salud, la reposición de los fondos recortados y una revisión del funcionamiento de CONASIDA, cuya desconexión con la realidad comunitaria ha sido señalada reiteradamente.
También piden que el Estado asuma que la respuesta al VIH no puede ser solo clínica: necesita el conocimiento, las redes y la presencia en terreno de las organizaciones de la sociedad civil. Sin esa alianza, los recursos del sistema formal no llegan a quienes más los necesitan.
El 1 de diciembre debería ser una fecha de rendición de cuentas. Este año, lo fue, pero no de la forma que el gobierno habría querido.