El ministro Francisco Pérez Mackenna calificó de “inaceptables” los dichos del ejecutivo Germán Naranjo Maldini. El Movilh valoró la reacción, pero la comunidad LGBTI+ sabe bien que una declaración es solo el primer paso.
Durante días, la pregunta estuvo flotando en el aire: ¿iba a hablar el Gobierno? El caso de Germán Naranjo Maldini —el ejecutivo chileno detenido en Brasil tras insultar homofóbica y racistamente a un pasajero del vuelo LA8070 el 10 de mayo— había generado indignación pública, cobertura mediática en Chile y en Brasil, y una exigencia formal del Movilh al Ejecutivo para que tomara posición. El silencio oficial se estaba haciendo incómodo. Y esta semana, finalmente, la Cancillería reaccionó.
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, fue categórico al hablar con Tele13 Radio. Dijo que lo ocurrido es “lamentable”, que condena “enérgicamente” lo sucedido, y que las palabras del ejecutivo chileno son “inaceptables”. No esquivó la pregunta, no usó el típico lenguaje diplomático para decir algo sin decir nada. Fue directo. Y eso importa.
Una condena que tardó, pero que llegó
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) había exigido públicamente ese pronunciamiento el sábado anterior. La organización argumentó, con razón, que el Estado tiene la responsabilidad de marcar posición cuando un ciudadano chileno protagoniza un episodio de odio en el extranjero —especialmente cuando ese episodio queda registrado en video, se viraliza y daña la imagen internacional del país. El silencio en ese contexto no es neutralidad: es complicidad pasiva.
La reacción del Movilh al pronunciamiento del canciller fue de reconocimiento. La organización valoró que la Cancillería haya respondido con claridad ante lo que describió como “un grave caso de homofobia, racismo y xenofobia”. Según el Movilh, las expresiones de odio emitidas por Naranjo Maldini no solo dañan a la víctima directa —el sobrecargo de Latam que recibió los insultos— sino que también afectan la imagen internacional de Chile y “vulneran principios básicos de respeto y derechos humanos”.
Pérez Mackenna fue claro en algo más: Chile apoyará a Naranjo Maldini en lo que corresponde como connacional —garantizar que sus derechos estén respetados en el proceso judicial brasileño— pero hasta ahí llega el rol del Estado chileno. “Es un tema de la justicia brasilera”, señaló. Una distinción importante, porque hace unos días circulaba la preocupación de que el Gobierno pudiera intervenir para proteger al ejecutivo más allá de lo razonable. No fue así.
Qué dijo el canciller, exactamente
Las declaraciones del ministro no dejan espacio a interpretaciones ambiguas. Pérez Mackenna sostuvo que “la verdad que es lamentable”, que condena “enérgicamente” lo ocurrido, y que las palabras de Naranjo Maldini son “inaceptables”. Agregó que “qué pena que sea un connacional enfrentado a ese tipo de comportamiento”, reconociendo que el episodio genera vergüenza —aunque, claro, la vergüenza mayor la tiene el protagonista, no el país.
“La verdad que es lamentable, yo condeno enérgicamente lo que ha ocurrido ahí. Las palabras de esta persona son inaceptables.”— Francisco Pérez Mackenna, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile
Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, valoró que la declaración “va en la línea correcta” y subrayó que “es importante que las autoridades marquen una posición firme y sin ambigüedades frente a este tipo de agresiones, especialmente cuando ocurren fuera del país y generan impacto internacional”. Una frase que habla bien del umbral que la organización exige: no basta con no estar en contra. Hay que estar activamente a favor de la dignidad de las personas.
Jiménez fue más lejos en su mensaje a la ciudadanía: “Ningún chileno puede sentirse autorizado para humillar, discriminar o deshumanizar a otras personas por su orientación sexual, nacionalidad, color de piel o cualquier otra condición”. Y remató con algo que los y las integrantes de la comunidad LGBTI+ repetimos hace décadas y que todavía tiene que explicarse: “La discriminación no es opinión: es violencia”.
Lo que queda pendiente
Una declaración ministerial es un paso necesario, pero no suficiente. El Movilh lo sabe. Nosotros y nosotras también. El caso Naranjo Maldini tiene varias aristas que siguen abiertas. La justicia brasileña lleva el proceso penal, y la organización espera que el ejecutivo reciba “las máximas sanciones” en ese contexto. Por su parte, la empresa Landes —donde trabaja el imputado— anunció que recopilaría antecedentes para tomar decisiones según sus protocolos internos. Habrá que seguir ese hilo.
“Valoramos que la Cancillería haya reaccionado con claridad frente a este grave caso de homofobia, racismo y xenofobia. Era un deber del gobierno condenar estos discursos de odio.”— Movilh, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual
Pero hay algo más profundo que este caso pone sobre la mesa. No es solo la historia de un hombre que perdió el control en un avión. Es el síntoma de una cultura en la que los discursos de odio siguen circulando con una desinhibición preocupante. Un ejecutivo adulto, en un espacio público internacional, insultando a alguien por su orientación sexual y su origen étnico, sin aparente conciencia de que eso tiene consecuencias. Eso no se explica únicamente por el carácter de un individuo.
En Chile existe la Ley Zamudio, que tipifica la discriminación arbitraria. Pero la ley no cambia culturas por sí sola. Lo que cambia culturas es que haya consecuencias reales, visibles, ejemplares. Que el empleador tome medidas. Que la justicia actúe. Que el Estado hable. Que los medios cubran. Que la ciudadanía repudie. Esta vez, varias de esas cosas ocurrieron. Eso no es habitual, y hay que reconocerlo.
Una señal que va más allá del caso
Para los y las integrantes de la comunidad LGBTI+ chilena, la declaración del canciller tiene un valor que va más allá del caso puntual. Es una señal —todavía tímida, todavía insuficiente en términos de política pública— de que el Estado puede y debe posicionarse cuando la homofobia y el racismo se expresan abiertamente. Que no es un asunto “privado”. Que no es solo “un problema de la justicia extranjera”.
Llevamos décadas pidiéndole al Estado chileno que sea un aliado activo en la defensa de los derechos LGBTI+, no un espectador que reacciona tarde y solo cuando la presión pública lo obliga. Esta vez la presión funcionó. El Movilh exigió, los medios cubrieron, y el canciller habló. Ese encadenamiento es exactamente lo que debería ocurrir más seguido, en más casos, con más rapidez.
Porque mientras Germán Naranjo Maldini enfrenta a la justicia brasileña, hay otras personas en Chile que viven la homofobia cotidianamente, sin video viral, sin cobertura mediática, sin declaración ministerial. El desafío real no es condenar lo que queda grabado. Es construir una cultura en que esas grabaciones sean cada vez más innecesarias, porque el odio no encuentre el espacio social para expresarse.
“Ningún chileno puede sentirse autorizado para humillar, discriminar o deshumanizar a otras personas por su orientación sexual, nacionalidad, color de piel o cualquier otra condición. La discriminación no es opinión: es violencia.”— Rolando Jiménez, dirigente del Movilh