El ajuste fiscal del gobierno tiene víctimas concretas, y una de las más silenciosas está en la salud de nuestra comunidad.
Cuando el Ministerio de Hacienda propone reducir en más de $300 mil millones el presupuesto del Ministerio de Salud, el impacto no es solo un número en una planilla. Es testeos que no se hacen, PrEP que no llega, diagnósticos que se retrasan y personas que siguen viviendo sin saber que tienen VIH. La señal es incómoda pero clara: la prevención del VIH está quedando del lado equivocado de esta ecuación fiscal.
Así lo advierte Acción Gay, una de las organizaciones con más trayectoria en la respuesta comunitaria al VIH en Chile. Y su alerta merece atención, no solo de activistas y organizaciones, sino de todos y todas quienes entendemos que la salud pública no es un gasto, es una inversión.
Lo que ya estaba cojo, ahora cojeará más
El problema es que la respuesta al VIH en Chile ya venía mostrando señales de desgaste antes de cualquier ajuste fiscal. Hay brechas importantes en el testeo oportuno, el acceso a la PrEP sigue siendo desigual según dónde vivas y cuánto puedas moverte, y el estigma opera como barrera silenciosa en muchos centros de salud. A eso se suma una integración comunitaria que todavía no logra instalarse con fuerza en la Atención Primaria de Salud, que es justamente donde se juega la prevención real.
Con ese diagnóstico de base, recortar el presupuesto de prevención no es ajustar un programa que funciona bien: es debilitar aún más algo que ya funcionaba a media máquina. La metáfora de Acción Gay es directa y acertada: es apagar incendios con bencina.
¿Y quiénes pagan los costos?
Los recortes no afectan a todo el mundo por igual. Cuando la red sanitaria se debilita, los primeros en quedar expuestos son los grupos que más dependen del sistema público: jóvenes, personas LGBTI+, migrantes, y quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad social. No es casualidad, es la lógica de cómo opera la desigualdad cuando el Estado retrocede.
Y el daño no se queda en el corto plazo. Menos prevención hoy significa más nuevas infecciones mañana, lo que a su vez genera mayor demanda de tratamientos antirretrovirales, más hospitalizaciones y más presión sobre un sistema de salud que ya anda exigido. En términos fiscales, los que gustan de los números lo pueden leer así: cada peso que se deja de invertir en prevención, termina costando varios pesos más adelante. No es ideología, es aritmética sanitaria.
El recorte en contexto: no es el único
Lo que hace más grave esta situación es que la reducción en VIH no ocurre de forma aislada. El mismo paquete de ajustes también golpea salud mental, inmunizaciones, programas de infancia y cuidados para personas con dependencia severa. Es decir, no se está recortando un programa periférico: se está adelgazando la red completa de salud pública. Y cuando eso pasa, los efectos son sistémicos.
Para las personas LGBTI+ esto tiene un significado adicional. Muchas y muchos ya navegamos el sistema de salud con más dificultades que el promedio, sea por experiencias previas de discriminación, por falta de profesionales capacitados en salud sexual diversa, o simplemente porque la atención disponible no fue pensada con nuestras realidades en mente. Que se reduzca aún más ese espacio es un retroceso que no se puede naturalizar.
Prevención es derechos, no solo medicina
Hay algo que vale la pena decir con todas sus letras: la prevención del VIH no es solo una herramienta sanitaria. Es también una expresión concreta del derecho a la salud, especialmente para comunidades que históricamente han cargado con el peso desproporcionado de esta epidemia.
En Chile, la comunidad gay y hombres que tienen sexo con hombres siguen siendo el grupo más afectado por el VIH. Eso no es estigma, es epidemiología, y obliga al Estado a mantener una respuesta sostenida, financiada y con enfoque comunitario. Cuando los recortes llegan a este frente, el mensaje implícito es que esas vidas son menos prioritarias. Y eso no es aceptable.
Lo que se puede exigir
Chile tiene organizaciones que llevan décadas construyendo respuesta comunitaria al VIH, como Acción Gay, con testeo, vinculación a tratamiento, PrEP comunitario y acompañamiento a personas que viven con el virus. Ese trabajo complementa y muchas veces sostiene lo que el sistema público no alcanza a cubrir. Pero las organizaciones comunitarias también dependen de financiamiento, y cuando el Estado recorta, el efecto se siente en toda la cadena.
Lo que se puede exigir, desde la ciudadanía y desde la comunidad, es coherencia: que el Estado no declare el VIH como prioridad sanitaria con una mano mientras recorta los programas que la sostienen con la otra. Eso no es responsabilidad fiscal, eso es contradicción institucional.
El ajuste puede ser inevitable. El retroceso en prevención, no. Y esa diferencia vale la pena defenderla.
Fuente: Acción Gay – “Ajuste fiscal, crisis sanitaria: cuando el recorte golpea la prevención del VIH“ (abril 2026)
¿Qué opinas tú? ¿Crees que el gobierno debería proteger los programas de prevención del VIH de los recortes fiscales, o entiendes que no hay margen para hacerlo? Cuéntanos en los comentarios.