El ciberataque que sufrió el Instituto de Salud Pública (ISP) el pasado 27 de junio sigue generando consecuencias graves en el sistema de salud. Al menos siete hospitales del país —entre ellos Barros Luco, Lucio Córdova, Clínico de la U. de Chile, y los recintos de Arica, Iquique, Antofagasta y Temuco— reportaron retrasos en la entrega de resultados de VIH y hepatitis B y C. Esta demora ha significado que pacientes deban esperar más tiempo para iniciar sus tratamientos a través del Plan GES.
En el caso del VIH, las confirmaciones que normalmente demoraban entre 12 y 15 días se extendieron hasta 30, duplicando los plazos. Esto es especialmente preocupante considerando que, según especialistas, un inicio tardío de la terapia puede tener efectos irreversibles. “Estamos perdiendo ventanas de oportunidad de tratar oportunamente a la gente”, advirtió el doctor Pablo Herrera del Hospital Barros Luco.
La situación encendió las alarmas en organizaciones de salud y activistas, que cuestionan la excesiva centralización en el ISP para validar diagnósticos. Países con sistemas más descentralizados logran confirmar los resultados en el mismo hospital, reduciendo la burocracia y permitiendo que los pacientes accedan antes a medicamentos que pueden cambiar el curso de su enfermedad.
Aunque el ISP aseguró que ha implementado medidas de contingencia con formularios manuales y, más recientemente, digitales, las demoras siguen marcando la diferencia entre recibir un tratamiento a tiempo o ver cómo la enfermedad avanza. El caso deja al descubierto una pregunta urgente: ¿está preparado el sistema de salud chileno para proteger la vida de pacientes frente a crisis de ciberseguridad?
“No se puede tener un sistema centralizado en que el paciente tiene que tomar lo más rápido posible el medicamento”, criticó Pablo Ferrer, jefe de laboratorio del Hospital Clínico de la U. de Chile.
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