El Movilh alertó que el Ministerio de Economía eliminó los recursos para continuar la Encuesta Diversidades del INE en 2026. El sindicato del instituto denuncia 29 despidos y el riesgo de perder datos clave sobre la vida LGBTIQ+ en Chile.
¿Supieron de esto? Cuando hablamos de derechos, casi siempre terminamos discutiendo leyes, discursos y peleas políticas. Pero hay un piso silencioso que sostiene todo lo demás: los datos. Si el Estado no mide, no ve; si no ve, no prioriza; y si no prioriza, la desigualdad queda en piloto automático. Por eso lo que denunció el Movilh esta semana prendió alarmas: el gobierno decidió quitar el financiamiento para 2026 de la Encuesta Diversidades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un estudio que en 2025 permitió, por primera vez, levantar información masiva sobre experiencias de discriminación, violencia y salud mental en personas LGBTIQ+.
La cosa es así: la Encuesta Diversidades se aplicó el año pasado de manera remota, y para 2026 se proyectaba dar un paso clave: hacerla presencial para mejorar la representatividad y fortalecer la calidad de los resultados. Pero según el Movilh, el Ministerio de Economía eliminó el presupuesto completo para continuarla. Y eso no es “solo un recorte”: es cortar una herramienta que recién empezaba a mostrar la magnitud del problema con números difíciles de ignorar.
Qué se recortó y qué dice el sindicato del INE
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del INE fue directo: en términos prácticos, la decisión implica la desvinculación inmediata de 29 trabajadoras y trabajadores que estaban en el proyecto. También acusaron que el recorte deja a esas personas sin sustento económico y que el INE debería asumir responsabilidad institucional frente a determinaciones adoptadas de manera unilateral por el Ministerio, especialmente considerando que parte del personal había sido contratado hace poco tiempo para esta tarea.
Más allá del impacto laboral (que ya es grave), el sindicato plantea otra preocupación: se pone en riesgo la continuidad de una encuesta cuya temática, según declaran, el propio gobierno no consideraría prioritaria. Y ahí aparece el conflicto de fondo: si medir diversidad sexual y de género no es prioridad, entonces la política pública se construye a ciegas, justo en un tema donde la evidencia es la que obliga a reaccionar.
Por qué esta encuesta importaba tanto
La Encuesta Diversidades no apareció por capricho. Fue el resultado de años de presión para que el Estado chileno produzca estadísticas sobre realidades LGBTIQ+ de forma seria, consistente y útil para diseñar políticas. En 2025, el sondeo reunió la participación de 17.048 personas mayores de 14 años. Y aunque el propio INE advirtió que, por su modalidad web y de autoselección, no era una encuesta probabilística (y por tanto no representaba a toda la población), igual entregó un mapa contundente de experiencias y vulneraciones.
Los resultados fueron durísimos: una proporción altísima de participantes reportó haber vivido discriminación a lo largo de su vida, y un porcentaje relevante describió ideación suicida y planificación o intentos de suicidio. Esto no se traduce automáticamente en “así vive toda la comunidad”, pero sí muestra algo que el Estado no puede seguir relativizando: que hay miles de personas reportando trayectorias de exclusión, violencia y daño psicológico de manera sistemática.
Y aquí está el punto incómodo: cuando el diagnóstico es tan pesado, recortar el instrumento de medición se siente como una forma elegante de bajar el volumen. No arreglas el problema; solo haces que sea más fácil no mirarlo.
El plan 2026: pasar de “web” a “presencial”
El Movilh recordó que la proyección para 2026 era avanzar hacia una aplicación presencial, justamente para mejorar la representatividad. En simple: si el problema de 2025 era que el levantamiento web no permitía inferir a toda la población, 2026 era la oportunidad de mejorar el método. Quitar el financiamiento ahora no solo frena el proceso, también hace que el país pierda continuidad: sin series de datos comparables, es más difícil ver tendencias, medir si las políticas funcionan y detectar retrocesos.
Esto pega especialmente porque las estadísticas no son un lujo. Sirven para decidir presupuestos, diseñar programas en educación y salud, orientar capacitación de funcionarias y funcionarios públicos, y ajustar protocolos frente a discriminación y violencia. Sin datos, todo eso queda como “buena intención”.
La lectura política del Movilh: una secuencia de señales
En su declaración, el Movilh conectó este recorte con otras señales recientes del gobierno en materia de diversidad sexual y de género: decisiones en foros internacionales, posiciones diplomáticas polémicas y cambios en prioridades de derechos humanos. La organización pide que el gobierno explique con transparencia la razón del recorte y cómo piensa cumplir su compromiso de no desmantelar iniciativas en curso.
Más allá del tono, lo que está en juego es concreto: cuando se recorta una encuesta así, el daño es doble. Por un lado, se pierde capacidad estatal de diagnóstico. Por otro, se instala un mensaje: “este tema no es prioritario”. Y cuando hablamos de personas que reportan discriminación, violencia y daño en salud mental, ese mensaje no queda en el papel; se siente en la vida cotidiana.
Qué puede pasar ahora
Si el recorte se mantiene, el escenario más probable es que la Encuesta Diversidades quede suspendida o se reduzca a un nivel que no permita avanzar hacia una versión más robusta. También se abre una disputa institucional: el INE, como organismo técnico, queda entre la necesidad de producir evidencia y la dependencia presupuestaria de decisiones políticas. En paralelo, el debate público se endurece: ¿puede un gobierno “no priorizar” una medición que apunta a derechos humanos y no a gustos ideológicos?
Y un último dato importante: cuando el Estado deja de medir, la carga vuelve a caer en la sociedad civil, universidades y organizaciones, que hacen lo que pueden con menos recursos y menos capacidad de cobertura nacional. Eso termina profundizando desigualdades, porque los datos quedan fragmentados y la respuesta pública se vuelve más lenta.
Quitar el financiamiento a la Encuesta Diversidades del INE no es una anécdota presupuestaria. Es un golpe a la posibilidad de construir políticas con evidencia sobre una realidad que, según el propio levantamiento 2025, tiene señales urgentes. Si el Estado quiere decir “no recortaremos derechos”, no basta con prometerlo: hay que sostener las herramientas que permiten ver dónde están los daños y cómo se reparan. Porque cuando se apagan los datos, lo que se apaga primero es la voluntad de hacerse cargo.