Con el relanzamiento de la campaña “En Lugar de Violencia, Respeto”, el Gobierno de Chile volvió a poner en agenda la urgencia de erradicar la discriminación contra la comunidad LGBTIQA+. En un acto encabezado por las ministras Camila Vallejo y Antonia Orellana, se presentó esta iniciativa como parte del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022‑2025. El mensaje es potente: promover el respeto, visibilizar la diversidad y seguir avanzando hacia una sociedad más justa. Y sin duda, en un país donde aún persisten prejuicios profundamente instalados, este tipo de campañas tienen valor simbólico, educativo y político.
La iniciativa fue elaborada junto a más de veinte organizaciones de la sociedad civil, lo que permite suponer que no es un producto desconectado de las necesidades reales de quienes viven la discriminación. Además, se enmarca en una serie de políticas públicas que han tenido como foco la inclusión: desde la ley de matrimonio igualitario hasta medidas en salud y educación. Que el Estado reconozca que aún hay violencia hacia las personas LGBTIQA+ y que se comprometa a combatirla es algo que debe ser valorado, especialmente cuando existen sectores conservadores que aún insisten en negar la existencia misma del problema.
Sin embargo, no todo puede ser aplaudido sin matices. Uno de los aspectos más debatibles es el momento de esta campaña. Llega tras una seguidilla de hechos de violencia y exclusión, incluido el suicidio reciente de una periodista trans tras denunciar transfobia laboral en la Seremi de Salud de Valparaíso. En ese contexto, la campaña puede leerse también como una respuesta reactiva, más que como parte de una planificación estratégica. La buena voluntad no es suficiente cuando el dolor de muchas personas LGBTIQA+ sigue encontrando respuestas lentas o simbólicas desde el Estado.
Tampoco está claro el alcance real de la campaña. ¿Dónde se implementará? ¿Qué tipo de seguimiento tendrá? ¿Se acompañará de capacitación obligatoria en servicios públicos? ¿Tendrá continuidad más allá del ciclo comunicacional de su lanzamiento? Estas son preguntas legítimas que deben responderse si el objetivo es algo más que generar impacto en redes sociales. Una campaña sin acciones concretas detrás corre el riesgo de ser una promesa más, y la comunidad LGBTIQA+ en Chile ya ha escuchado muchas promesas a lo largo de los años.
A pesar de las dudas, hay algo que no se puede negar: este tipo de campañas contribuyen a instalar el tema en la conversación pública. Rompen silencios, hacen visibles a quienes muchos aún quieren invisibilizar, y ofrecen un mensaje de respaldo institucional que puede marcar la diferencia, sobre todo en espacios donde el prejuicio sigue funcionando como regla. En ese sentido, el valor cultural de una campaña como esta es enorme, siempre que se la entienda como punto de partida y no como meta cumplida.
El desafío ahora es que este mensaje llegue a donde debe llegar: a las escuelas, a los barrios, a las oficinas, a las familias, a los medios. Que no se quede en la burbuja progresista de las redes sociales, sino que cruce el país entero. Para eso, el Estado debe ser el primero en comprometerse con coherencia. No puede hablar de respeto mientras hay instituciones públicas que siguen marginando. No puede promover inclusión sin revisar sus propias prácticas. Y no puede avanzar con “todos los colores” si no se asegura de que ninguno quede atrás.
La campaña puede ser una herramienta útil si va acompañada de acciones, recursos y voluntad política sostenida. Lo simbólico importa, pero lo real importa más. Y tú, ¿crees que esta campaña puede cambiar algo en tu entorno? ¿Qué harías tú para que el mensaje no se quede solo en el papel?
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