A días de cerrar el mandato, el Movilh publicó un balance sin maquillaje sobre los derechos LGBTIQ+ bajo Gabriel Boric: algunos pasos adelante, varios compromisos incumplidos y señales que, según la organización, marcaron retrocesos inéditos desde la vuelta a la democracia.
Cuando se habla del gobierno de Gabriel Boric, mucha gente asume automáticamente que la agenda LGBTIQ+ tuvo que haber sido “la mejor” por identidad política, por discurso de campaña y por el clima cultural de estos años. Pero el Movilh salió a ponerle números, ejemplos y, sobre todo, matices: su balance del período 2022–2026 es duro en el diagnóstico general. Reconoce avances, sí, pero afirma que este fue el primer gobierno que evidenció retrocesos relevantes en igualdad para las diversidades sexuales y de género, además de acumular promesas que no se cumplieron.
La cosa es así: el texto parte con una idea que incomoda, pero que conviene mirar de frente. Según el Movilh, el Ejecutivo llegó con la campaña “más entusiasta” a favor de los derechos humanos LGBTIQ+ desde 1990, pero terminó siendo —en su lectura— el gobierno “más débil y contradictorio” en esta materia desde los años 90, si consideramos el contexto social actual, donde la igualdad tiene más respaldo ciudadano que hace una o dos décadas. Y ese contraste (mucho discurso, resultados mezclados) es lo que vuelve el balance tan comentado.
¿Qué critica el Movilh del enfoque “identitario” del inicio?
Uno de los puntos más polémicos del balance es la crítica al lenguaje y al marco conceptual con que el gobierno instaló el tema. El Movilh cuestiona el uso permanente del término “disidencias” para referirse a las personas LGBTIQ+, planteando que no es una referencia neutral ni universalista de derechos humanos, sino un concepto político que puede empujar la conversación hacia una lógica de confrontación. También sostiene que ese enfoque habría contribuido a que sectores políticos y parte de la ciudadanía percibieran las demandas como “privilegios” asociados a una identidad partidaria, en vez de verlas como igualdad ante la ley y políticas públicas básicas.
En simple: el balance dice que el gobierno, sobre todo al comienzo, habría confundido “agenda de derechos” con “agenda de tribu”. Y eso, en vez de sumar, terminó por abrir flancos: debilitó consensos, generó roces con organizaciones históricas y dejó terreno fértil para caricaturas y ataques.
Lo prometido: un programa ambicioso que no llegó a puerto
Si hay una parte que deja gusto amargo, es la lista de promesas de campaña. El balance recuerda que el programa incluía medidas bien concretas: un plan nacional de derechos, cupo laboral trans en el sector público, cambios en formación docente y en currículos (salud y educación), garantías en salud para prestaciones vinculadas a procesos de afirmación de género, apoyos GES en salud mental con foco en juventudes, y reformas a la ley de identidad de género para permitir cambios registrales desde los 14 años bajo un procedimiento administrativo como regla.
La evaluación del Movilh es tajante: esas promesas no se cumplieron. Además, sostiene que compromisos que el Ejecutivo asumió ya en gobierno —como reformar la Ley Zamudio, crear institucionalidad antidiscriminatoria, impulsar educación sexual integral o ajustar normas del sistema educativo— tampoco se materializaron. Y cuando un gobierno ofrece un menú grande y termina entregando poco, la frustración no se queda en redes: queda instalada como desconfianza.
Avances que sí se reconocen: salud, educación y algunas señales de Estado
El balance no es un “todo mal”. También identifica medidas que considera aportes relevantes, especialmente en salud y educación.
En salud, se destacan actualizaciones y nuevas directrices que refuerzan el respeto a nombre social y trato digno; circulares y resoluciones que abordan atención de infancias y adolescencias trans, asesorías en salud mental libres de prejuicios, y lineamientos sobre terapia hormonal en personas trans adultas. También se menciona un protocolo para prevención y atención integral de una condición asociada a rellenos sintéticos permanentes, problemática que afecta de manera importante a personas trans y a mujeres.
En educación, el balance valora circulares de la Superintendencia que exigen protocolos de no discriminación, incorporación de categorías protegidas (como orientación sexual e identidad de género) en reglamentos internos, y lineamientos que impiden sancionar a estudiantes por razones discriminatorias. Además, subraya la importancia de contar con datos y estudios sobre violencia y denuncias, porque sin evidencia oficial, muchas veces la discriminación queda en “sensación” y no en política pública.
También se mencionan aportes en otras áreas: desde formularios estatales que reconocen opciones más allá de lo binario, hasta directrices para personas mayores LGBTIQ+ y planes pilotos de acceso a vivienda para personas LGBTIQ+ en vulnerabilidad. Son cosas que, aunque no siempre hacen titulares, pueden cambiar la vida cotidiana.
“Avances” que el Movilh dice que no eran avances
Un capítulo bien punzante del balance es cuando acusa que se presentaron como “pioneras” iniciativas que, en los hechos, ya existían o no tenían dientes reales. Por ejemplo, mesas de trabajo anunciadas como inéditas pese a tener antecedentes desde hace años; protocolos para víctimas de delitos de odio presentados como primera vez aunque ya había lineamientos previos; o documentos que enumeran derechos existentes sin sumar medidas verificables, plazos o presupuesto.
Aquí el punto no es “pelear por el crédito”, sino algo más práctico: cuando se venden gestos como transformaciones, la política pública se vuelve humo, y la relación entre Estado y sociedad civil se erosiona.
Los retrocesos: las señales que, según el balance, rompieron piso mínimo
La parte más fuerte del texto es la de los retrocesos. El Movilh afirma que estos son los que impiden cerrar con un saldo neutro o positivo, porque serían traspiés relevantes que no se veían desde el retorno a la democracia.
Entre los ejemplos, menciona la negativa presidencial a reunirse con movimientos LGBTIQ+ (algo que, según el balance, no ocurría desde 2012), el rechazo a iluminar La Moneda con los colores del arcoíris en una fecha simbólica donde ya había tradición, y la pérdida de una tendencia que venía consolidándose: incorporar explícitamente en nuevas leyes de inclusión las categorías protegidas frente a la discriminación.
También se apuntan retrocesos en apoyo estatal a actividades culturales masivas y de larga trayectoria vinculadas a la comunidad, y el debilitamiento o desmantelamiento de programas de asistencia a denuncias por homo/transfobia que, por años, habían sido una línea concreta de acompañamiento a víctimas.
Este balance no busca caerle bien a nadie: busca dejar registro. Y eso, aunque incomode, es útil. Porque si algo nos enseña la historia del movimiento LGBTIQ+ en Chile es que los derechos no avanzan solo con buena onda ni con discursos bonitos: avanzan con políticas públicas, presupuesto, voluntad sostenida y señales claras desde el poder. Si el gobierno de Boric quería ser recordado como un punto de inflexión, el Movilh dice que quedó a medio camino… y con tropiezos que no se pueden relativizar.
Si miras estos cuatro años, ¿te quedas con los avances en salud y educación, o te pesa más el listado de promesas incumplidas y las señales de retroceso?
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