La decisión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, de ordenar una investigación por la denuncia de transfobia laboral en la Seremi de Salud de Valparaíso llega en un momento cargado de dolor y tensión, justo después del suicidio de Sol Millacura, periodista que había denunciado maltrato y discriminación por su identidad de género. Este caso no es algo ajeno ni distante: es un recordatorio brutal de cómo funcionan los prejuicios dentro de las instituciones y de cómo, incluso con leyes y discursos a favor de la diversidad, las prácticas reales todavía pueden destruir vidas. La ministra afirmó haber solicitado a la Subsecretaría de Salud Pública que recabe todos los antecedentes y determine si hubo vulneración de la normativa vigente, un gesto necesario pero que debe traducirse en acciones concretas y visibles.
El caso de Sol ya había encendido alarmas por la forma en que narró su experiencia laboral: exclusión, malos tratos, cuestionamientos constantes a su identidad y una presión sostenida que afectó de manera directa su salud mental. Fue despedida en marzo aun cuando enfrentaba una crisis emocional evidente y pese a haber pedido un trato digno. Ver que una institución pública deja caer a alguien que denuncia discriminación debería preocuparnos a todos los hombres gay, especialmente porque sabemos lo fácil que es que una oficina, una jefatura o un equipo completo normalice comentarios hirientes, silencie denuncias o se haga el ciego cuando alguien está sufriendo.
El anuncio de la ministra de Salud abre una puerta, pero también una responsabilidad. No sirve una investigación interna que termine siendo un trámite burocrático más. La comunidad necesita que la información se haga pública, que se establezcan responsabilidades y que existan consecuencias para quienes generen entornos hostiles o permitan que se perpetúen. Como personas de la comunidad LGBTQI+ entendemos lo que significa depender de la voluntad de otros para trabajar tranquilos, expresarnos como somos o simplemente existir sin miedo. Por eso este proceso nos toca directamente, aunque no hayamos estado en esa oficina ni hayamos compartido trabajo con Sol.
Algo que debemos mirar de frente es cómo las instituciones, incluso aquellas que se llenan la boca con discursos de inclusión, pueden fallar en lo básico: proteger a quienes están bajo su cargo. La Seremi de Salud tiene que responder, porque un despido tras una denuncia de discriminación no es un error administrativo, es una señal de que las estructuras siguen castigando al distinto. Y cuando una persona que denuncia termina quitándose la vida, la urgencia se vuelve moral, no solo política. En este contexto, la investigación ordenada por la ministra no puede ser tibia ni apresurada; debe ser un proceso que marque un precedente para que casos así no vuelvan a repetirse.
Además, este hecho nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio rol como hombres gay dentro de la comunidad LGBTI+. Muchas veces nos quedamos en el margen cuando las agresiones recaen sobre personas trans, como si sus batallas fueran distintas o separadas de las nuestras. No lo son. La transfobia y la homofobia nacen del mismo origen: del rechazo a todo lo que rompe la norma tradicional. Apoyar a la población trans no es un acto de caridad, es un acto de autodefensa comunitaria. Lo que le ocurrió a Sol podría ocurrir mañana a cualquier hombre gay en una oficina donde alguien decide que nuestra forma de vivir, hablar o amar “no encaja”.
También es fundamental hablar de salud mental, un tema que los hombres gay solemos esquivar o tratar a medias, como si no fuera parte de nuestra historia colectiva. La carta de Sol, sus denuncias, su crisis, eran señales evidentes de alguien pidiendo ayuda en un entorno que la estaba destruyendo. Si las instituciones fracasan, si el sistema falla, entonces la comunidad tiene que ser ese espacio de contención que no deja a nadie caer. No podemos permitir que las historias de discriminación sigan terminando en tragedia, porque cada una de ellas es también un mensaje para nosotros sobre cómo nos estamos cuidando entre hombres dentro de la diversidad.
La investigación anunciada por la ministra es un punto de partida, pero lo que venga después dependerá de cuánto presionemos, cuánto exijamos y cuánto estemos dispuestos a acompañar. Como ciudadanos, no podemos permitir que esta noticia pase sin consecuencias. Necesitamos mayor claridad en protocolos, acompañamiento psicológico real, cambios profundos en la cultura laboral y, sobre todo, justicia para Sol. Que su nombre no quede atrapado en un titular triste, que su historia sea un impulso para garantizar que ninguna persona vuelva a enfrentar sola un ambiente que la destruye.
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