Este 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, llega con un sabor amargo en Chile. Mientras en otros países se avanza con metas claras hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública, en nuestro país las organizaciones sociales acusan un retroceso alarmante. Según Acción Gay, la actual gestión del Programa Nacional de VIH/SIDA y de CONASIDA ha sido “la peor desde el retorno a la democracia”, caracterizada por la falta de voluntad política, precariedad técnica y total desconexión con las realidades de las personas afectadas.
La denuncia ha sido reforzada por la Fundación Chile Positivo, que advirtió que este 2025 las SEREMIs de Salud no recibieron ni un peso de presupuesto para conmemorar el Día Mundial del VIH. Además, se registró una baja de al menos un 50% en los fondos para proyectos orientados a poblaciones clave. Todo esto mientras el Ministerio de Salud repite en redes sociales su “compromiso con una respuesta sanitaria basada en derechos”. ¿Cómo se explica ese discurso cuando los CESFAM no tienen test rápidos permanentes, hay quiebres de stock en preservativos y lubricantes, y regiones como Los Ríos o Valparaíso aún no tienen PrEP en hospitales públicos?
En regiones como Atacama y Araucanía, ni siquiera se ejecutó el presupuesto destinado a prevención. Y el “Foro para la Acción en VIH” —impulsado hace un año por el Minsal y Naciones Unidas— sigue sin mostrar avances reales. En paralelo, la estadística es preocupante: un 40% de los nuevos diagnósticos en Chile son tardíos, es decir, las personas llegan ya en etapa SIDA. Las barreras de acceso siguen intactas, y el estigma persiste con la misma fuerza de siempre.
Mientras ONUSIDA y la OMS empujan metas ambiciosas como el 95-95-95, en Chile retrocedemos con políticas fragmentadas y falta de financiamiento. Las organizaciones comunitarias están haciendo el trabajo que el Estado abandonó: testeo, entrega de información, campañas, acompañamiento y contención emocional. Todo eso, muchas veces, sin recursos ni respaldo oficial. La sensación es clara: el VIH ha desaparecido del discurso político y también del presupuesto nacional.
Este Día Mundial del SIDA, más que una efeméride, es una alarma encendida. Es momento de exigir políticas públicas que estén a la altura de la urgencia sanitaria y humana que implica el VIH. No se trata solo de medicamentos, se trata de dignidad, prevención, cuidado y derechos. La pregunta es: ¿seguirá el Estado mirando hacia otro lado mientras el reloj corre?
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