La reciente decisión de la Corte Suprema ha encendido las alarmas en la comunidad LGBT+ y en organizaciones de derechos humanos. Alejandro Angulo Tapia, uno de los condenados por el brutal asesinato de Daniel Zamudio en 2012, podría cumplir los últimos dos años de su sentencia en libertad. Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal acogió un recurso de amparo presentado por su defensa, ordenando a Gendarmería revisar si cumple con los requisitos para optar a la reducción de pena.
El fallo establece que, como el delito y el inicio de la condena ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.421 —que endurece las condiciones para acceder a este beneficio en delitos graves— se debe aplicar la normativa anterior. Esto abre la posibilidad de que Angulo obtenga hasta dos meses de rebaja por cada año cumplido en prisión, a pesar de que en 2024 la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que presenta “alto riesgo de reincidencia general y en delitos violentos”.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó su rechazo frontal a esta eventual rebaja. Rolando Jiménez, dirigente histórico de la organización, recordó que Angulo no solo fue uno de los agresores más violentos contra Zamudio, sino que incluso en 2020, desde la cárcel, emitió amenazas de muerte en un video difundido públicamente. “De ser aceptadas estas peticiones, serán un peligro público”, advirtió.
La historia de este caso marcó un antes y un después en la lucha contra los crímenes de odio en Chile. En 2013, Patricio Ahumada Garay fue condenado a presidio perpetuo simple, mientras que Angulo y Raúl López recibieron 15 años, y Fabián Mora Mora, 7 años. Todos fueron detenidos el 9 de marzo de 2012, seis días después de torturar y atacar a Daniel Zamudio, cuyo asesinato impulsó la aprobación de la Ley Antidiscriminación. La posibilidad de que uno de sus agresores recupere la libertad antes de tiempo revive el dolor y la indignación de un país que aún recuerda este crimen con horror.
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